Desde el punto de vista sociológico, cabe reseñar la importancia que el ciudadano otorga a su propia salud, bien jurídico a proteger con carácter prioritario. Es por ello que, para una protección eficaz del correcto desenvolvimiento de las relaciones clínicas, parece deseable la articulación de herramientas heterocompositivas de reslución extrajudicial de conflictos sanitarios presididas por los principios de voluntariedad, imparcialidad y agilidad. Por otra parte, la judicialización de la medicina puede dañar la relación de confianza entre el médico y el paciente. Desde el punto de vista económico, la resolución extrajudicial de conflictos implica un claro ahorro de costes tanto par la Administración como para el particular pues es gratuita.